REPORTE SOBRE TRATA DE PERSONAS 07
PERU (Nivel 2)
El Perú es –principalmente- una nación donde tienen lugar casos de trata de mujeres y niños dentro del propio país con el propósito de someterlos a un comercio y explotación sexual. La mayoría de las víctimas son niñas y jovencitas reclutadas en zonas rurales y tentadas con engaños o forzadas a ejercer la prostitución en clubes nocturnos, bares y burdeles de alguna ciudad. Asimismo, los ciudadanos peruanos se ven inmersos en la trata de personas con propósitos de explotación sexual, siendo enviados para este fin a España, Italia, Japón y los Estados Unidos. El gobierno reconoce que existe un turismo sexual en el que participan menores de edad, especialmente en la región amazónica del país. Asimismo, existen situaciones de trata de personas en las que niños y adultos se ven obligados a laborar bajo condiciones de trabajo forzado en actividades mineras, madereras y en la fabricación de ladrillos, así como en el rubro de trabajo doméstico.
El gobierno del Perú no cumple a cabalidad con los estándares mínimos establecidos para lograr la eliminación de la trata de personas; sin embargo, viene desplegando significativos esfuerzos para lograrlo. A comienzos del 2007, el gobierno promulgó una ley de amplio alcance que prohíbe toda modalidad de trata de personas. Asimismo, el gobierno hizo grandes avances en el rubro de las acciones jurídico-policiales emprendidas contra los tratantes de personas y condujo numerosos talleres de capacitación dirigidos a funcionarios en puestos clave. El próximo año, el gobierno debería intensificar sus esfuerzos por acelerar y procesar los casos de trata de personas y hacer más extensiva la protección prestada a las víctimas.
Enjuiciamiento
Durante el último año, el gobierno del Perú mostró claros avances en sus esfuerzos por investigar y procesar a los tratantes de personas. En enero del 2007, el Congreso peruano aprobó la Ley 28950 que prohíbe y criminaliza toda forma de trata de personas y que impone sanciones más duras contra los tratantes, al mismo tiempo que autoriza operativos policiales encubiertos y secretos y ofrece una mayor protección a las víctimas y a los testigos. Actualmente, el gobierno se encuentra en proceso de elaborar el reglamento que permitirá la implementación de la nueva ley. Esta ley impone penas de 8 a 15 años de prisión para delincuentes condenados por la trata de personas, así como penas mayores -que van de los 20 a los 25 años de prisión- en aquellos casos en los que existen circunstancias agravantes. Tales penas son bastante duras y comparables con penas impuestas para otros delitos graves. Entre el 2006 e inicios del 2007, el gobierno procesó 11 casos de trata de personas, lo cual representó un claro aumento sobre el año 2005, en el que se procesaron cuatro casos. En este momento existen 13 casos de trata de personas pendientes para su juzgamiento en diversas cortes peruanas. En diciembre del 2006, un juez peruano sentenció a un tratante de personas a 10 años de prisión. El gobierno también inauguró un sistema computarizado de rastreo de casos y condujo más de 2.750 redadas en burdeles, habiendo hallado y liberado de la explotación sexual a la que estaban siendo sometidas a casi 400 menores de edad. Con la ayuda de organismos no gubernamentales, el gobierno también ofreció talleres de capacitación para la lucha contra la trata de personas a 1.389 funcionarios a cargo de hacer cumplir las leyes y a asistentes sociales a lo largo y ancho del país. No hubo ningún informe confirmado sobre la existencia de alguna complicidad oficial en la trata de personas.
Protección
El gobierno logró ciertos avances en sus esfuerzos por proteger a las víctimas durante el período cubierto por este informe. Las víctimas no fueron sancionadas por las acciones ilegales que debieron cometer como resultado directo de haberse visto envueltas en la trata de personas. El gobierno hizo moderados esfuerzos por identificar a las víctimas y enviarlas a los albergues para víctimas de violencia doméstica a cargo del gobierno, aunque estas instalaciones carecían de servicios especializados para víctimas de la trata de personas. En el mes de marzo del 2006, el gobierno, con el apoyo de los organismos no gubernamentales, comenzó a implementar una línea directa de emergencia gratuita para el uso de potenciales víctimas de la trata de personas y para informar a la Policía sobre estos casos. El Perú otorga derechos legales similares a víctimas extranjeras que a ciudadanos peruanos. Asimismo, el Perú permite que las víctimas extranjeras permanezcan en el Perú a fin de evitar que sufran alguna penuria o represalia en sus propios países. Aunque el Perú anima a las víctimas a tomar parte en el procesamiento de los tratantes de personas, la aplicación incierta de las leyes sobre protección de testigos continúa impidiendo que algunas víctimas puedan hacerlo.
Prevención
El gobierno dio importantes pasos para ampliar su ofrecimiento de capacitación en la lucha contra la trata de personas y fortalecer sus esfuerzos de prevención durante el período cubierto por este informe. Durante un día entero, el Ministerio de la Mujer condujo en todo el país talleres contra la trata de personas a los que asistieron más de 2.000 funcionarios municipales y líderes comunitarios. Asimismo, el gobierno capacitó a más de 700 maestros y directores de colegio en estrategias para prevenir la trata de personas e incorporó la enseñanza de métodos para evitar y combatir la trata de personas en los programas académicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores muestra videos para alertar sobre el delito de trata de personas a solicitantes de pasaportes y envía este tipo de videos y panfletos a sus embajadas y consulados en todo el mundo. El Ministerio de Turismo dio inicio a una campaña dirigida a los hoteles a fin de que éstos suscribiesen un “código de conducta” contra el turismo sexual con menores de edad, el mismo que se ha generalizado en destinos turísticos tales como Iquitos y Cuzco.