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Informe Anual de Derechos Humanos
 

RESUMEN EJECUTIVO

PERU

El Perú es una república multipartidaria regida por una constitución. Ollanta Humala Tasso del Partido Nacionalista del Perú (parte de la alianza electoral Gana Perú) fue el ganador en la segunda vuelta electoral que tuvo lugar en el mes de junio en elecciones consideradas justas y equitativas y asumió el mando el 28 de julio. Las fuerzas de seguridad operaron bajo el mando de las autoridades civiles.

Los problemas más graves de derechos humanos incluyeron la violencia contra las mujeres y los niños, la trata de personas y la corrupción gubernamental.

También se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: la muerte de manifestantes a manos de fuerzas de seguridad durante la realización de manifestaciones, condiciones duras en las cárceles, el maltrato de los detenidos e internos por parte de miembros fuerzas de seguridad, detenciones prolongadas antes de la celebración de los juicios y demoras excesivas en los procesos judiciales, la intimidación de los medios de comunicación, un registro incompleto de las personas internamente desplazadas y discriminación contra la mujeres. También existió discriminación contra personas con discapacidades; miembros de grupos raciales y étnicos minoritarios; personas indígenas; lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales y personas con VIH/SIDA. Además existió el problema de la incapacidad para hacer cumplir las normas laborales y la explotación de niños trabajadores, particularmente en los sectores informales.

El gobierno tomó medidas para investigar y en algunos casos enjuiciar o castigar de alguna otra manera a funcionarios públicos que cometieron diversos tipos de abuso. En ocasiones, los funcionarios estuvieron involucrados en prácticas corruptas y lo hicieron impunemente.

La organización terrorista Sendero Luminoso fue responsable de perpetrar asesinatos y otros abusos contra los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento de niños soldados, la extorsión y la intimidación.

Sección 1 - Respeto por la Integridad de la Persona, incluyendo el verse libre de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

Ningún asesinato políticamente motivado fue cometido por el gobierno o sus agentes, sin embargo, durante episodios de convulsión social, las fuerzas del orden dieron muerte a 12 manifestantes. La mayoría de estos episodios fueron el resultado de conflictos socio ambientales. Adicionalmente, una persona murió como resultado del maltrato policial.

El 24 de abril, Gerson Falla murió luego de ser detenido en Lima por efectivos policiales. El informe elaborado al interior de la Policía y presentado el 26 de julio por los efectivos policiales que tuvieron la investigación a su cargo concluyó que la muerte de Falla había sido el resultado de maltrato policial. Tres efectivos policiales fueron alejados de su institución y un cuarto efectivo fue suspendido por cuatro meses. El 9 de agosto, el Fiscal General de la Nación José

Peláez, indicó que el director de la VII Región Policial, Javier Sanguinetti, debía ser procesado por este delito. Para finales de año el enjuiciamiento de Sanguinetti continuaba pendiente.

Ocurrieron varias muertes durante la realización de protestas sociales. Por ejemplo, el 27 de abril, dos manifestantes murieron durante unos disturbios suscitados durante manifestaciones contra el proyecto minero Tía María en Islay, Región de Arequipa, cuando fueron aparentemente baleados por efectivos policiales que intentaban controlar la situación. Según se ha informado, los días 21 y 22 de junio efectivos policiales mataron a tres personas en la Provincia de Tayacaja, Región Huancavelica, durante una protesta contra la creación de una nueva universidad, que según los manifestantes hubiese desviado recursos asignados a la universidad regional que ya existe. El 25 de junio, en la ciudad de Juliaca, Región Puno, seis personas resultaron muertas cuando un grupo de manifestantes intentó apoderarse del Aeropuerto de Juliaca como parte de una protesta contra la minería en esa región. El 2 de diciembre, en la ciudad de Cañete al sur de la Región Lima, falleció un manifestante, aparentemente baleado por la policía, durante una manifestación contra la expansión de la cárcel de La Cantera. Las investigaciones continuaron en todos estos casos; para finales de año nadie había sido denunciado.

En el mes de mayo, una corte policial-militar condenó a dos oficiales de la policía y a un oficial del ejército por sus acciones durante los enfrentamientos mortales entre efectivos policiales y manifestantes indígenas que tuvieron lugar en el año 2009 en Bagua y sus alrededores en la Región Amazonas. El General de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Mugurza fue sentenciado a 36 meses de prisión (suspendida y se le ordenó pagar una reparación de 10.000 nuevos soles (aproximadamente $3.700). El General PNP Javier Uribe fue sentenciado a 24 meses de cárcel (suspendida por un año) y se le ordenó pagar 7.000 nuevos soles (aproximadamente $2,600). El General del Ejército Raúl Silva Albán fue condenado a 12 meses en prisión y se le impuso una multa de 4.000 nuevos soles ($1.480).

El 11 de agosto, el Tribunal Constitucional rechazó la petición para un habeas corpus presentado por el ex presidente Alberto Fujimori, confirmando –de esta manera- la sentencia de 25 años de prisión que le fue impuesta en el año 2009 por haber autorizado los asesinatos masivos en Barrios Altos y La Cantuta que tuvieron lugar en los años 1991 y 1992, respectivamente.

Juan Manuel Rivera Rondón y Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, implicados en el asesinato de 69 campesinos ocurrido en 1985 durante una incursión militar al pueblo de Accomarca, Región Ayacucho, continuaban bajo custodia mientras seguían siendo procesados en la Tercera Corte Supra Provincial. El 14 de julio, Hurtado fue extraditado de los Estados Unidos; para finales de año él continuaba recluido en el Penal de Castro Castro.

Durante el año miembros de dos bandos de Sendero Luminoso condujeron 74 acciones terroristas (incluyendo acciones armadas y proselitismo) en zonas cocaleras alejadas, las mismas que resultaron en el asesinato de 14 soldados en la zona de emergencia del Valle de los Ríos Apurímac-Ene (VRAE), así como en la muerte de cinco civiles en la zona de emergencia del Valle del Alto Huallaga. Las dos zonas de emergencia abarcaron partes de las Regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali. Por primera vez desde el 2003, no hubo ninguna baja entre miembros de la policía.

b. Desapariciones

No hubo ningún informe sobre desapariciones motivadas por razones políticas durante el año.

c. Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes

La ley prohíbe tales prácticas. Hubo informes que indicaron que miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de su fuerza y las autoridades no siempre castigaron a los responsables de cometer tales abusos.

La mayor parte de denuncias de maltrato tuvo lugar inmediatamente después de un arresto, cuando a la familia se le prohibió visitar a los sospechosos y los abogados sólo tuvieron un acceso limitado a ellos. En algunos casos miembros de la policía y las fuerzas de seguridad amenazaron u hostilizaron a las víctimas, a sus parientes y a los testigos con el propósito de evitar que estos los denunciaran por violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), una entidad no gubernamental, algunas víctimas se mostraron renuentes a iniciar procesos judiciales por temor a que miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en estos abusos pudieran ser liberados sin que se presentaran cargos contra ellos. La COMISEDH informó que cinco casos de supuesta tortura agravada por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, dos de los cuales resultaron en la muerte de los agraviados, habían sido reportados a fiscales provinciales, mientras que la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo reportó 25 de esos casos.

Condiciones en los Penales y los Centros de Detención

Las condiciones en los penales fueron duras para la mayor parte de los reclusos, que para finales de año sumaban 51.516, de los cuales 3.157 eran mujeres y 1.358 eran jóvenes de entre 18 y 19 años de edad. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) administró 43 de las prisiones que se encontraban operativas, mientras que la PNP tuvo jurisdicción sobre 14 de ellas y 13 fueron administradas de manera conjunta. Los internos que contaban con dinero tuvieron acceso a teléfonos celulares, drogas ilícitas y alimentos preparados fuera de la prisión; mientras que los internos que no contaban con fondos propios debieron soportar condiciones mucho más duras. El hacinamiento, las condiciones higiénicas deficientes y una nutrición y cuidados médicos inadecuados constituyeron un grave problema. Los internos gozaron de un acceso intermitente al agua potable, el número de duchas fue inadecuado, faltó higiene en las cocinas y los reos se vieron forzados a dormir en pasadizos y áreas comunes debido a la falta de espacio en las celdas. Se brindaron cuidados médicos básicos en la mayoría de prisiones, pero existieron denuncias que afirmaban que los internos debían pagar si deseaban recibir atención médica. Asimismo, no hubo una cantidad suficiente de médicos en las prisiones; únicamente hubo 63 médicos para atender a los internos en todas las cárceles del país, 34 de los cuales habían sido asignados a cárceles ubicadas en la capital de la nación. Se informó que los casos de tuberculosis y de VIH/SIDA continuaban existiendo a niveles casi epidémicos: la incidencia de la tuberculosis era 20 veces mayor que fuera de la prisión, mientras que la tasa de VIH/SIDA era tres veces mayor. En el penal para varones de San Juan de Lurigancho se encontraban recluidos 6.334 internos en una instalación construida para 3.204 internos. El INPE administró una prisión de alta seguridad en la región selvática de Iquitos que se encontraba en malas condiciones y continuaba siendo renovada.

Las cárceles para mujeres también estuvieron superpobladas y prevalecieron condiciones similares a aquellas imperantes en las prisiones para varones. En un penal para mujeres a cargo del INPE inaugurado en el 2008, las internas continuaron quejándose sobre el tipo de habitación múltiple que debían compartir.

Se dice que tanto el personal de seguridad de las prisiones como los propios compañeros de los internos maltrataron a los reos. El personal de seguridad no recibió ninguna o casi ninguna capacitación o supervisión. Ocurrieron muertes en las prisiones atribuidas a los propios internos.

Las autoridades mantuvieron a los detenidos que aun no habían sido juzgados en centros de detención temporales destinados a inculpados, los mismos que se encontraban ubicados en las comisarías, edificios del Poder Judicial y en el Palacio de Justicia; en la mayor parte de los casos estos detenidos debieron permanecer en compañía de reos sentenciados.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la sobrepoblación en los penales se vio algo aliviada por 1.181 indultos presidenciales emitidos entre agosto del 2010 y julio del 2011. La mayor parte de los internos indultados fueron personas jóvenes, enfermas o delincuentes menores.

El gobierno permitió que observadores independientes de derechos humanos realizaran visitas de observación. Durante el año, funcionarios del Comité Internacional de La Cruz Roja (CICR) realizaron 42 visitas inopinadas a internos en 17 prisiones y centros de detención y se reunieron con un total de 593 personas de conformidad con prácticas estándar establecidas para estas visitas. Representantes de la Defensoría del Pueblo también visitaron regularmente las cárceles ubicadas en Lima y provincias.

Los internos y los detenidos tuvieron un acceso razonable a sus visitantes y se les permitió practicar su religión. Las autoridades permitieron que los internos y los detenidos presentaran sus denuncias a las autoridades judiciales sin censura alguna y que solicitaran la investigación de acusaciones fidedignas sobre condiciones inhumanas. Las autoridades investigaron tales denuncias y documentaron los resultados de forma que fuera accesible al público. El Defensor del Pueblo reportó que la mayoría de denuncias estaban relacionadas con el hecho de que las autoridades no liberaron a los internos en el tiempo señalado debido a la lentitud de los procesos judiciales o a los procedimientos del INPE e indicó que el número de tales denuncias disminuyó durante el año como resultado de un mejor manejo de los registros por parte del INPE. Los defensores de derechos humanos sostuvieron que el gobierno no asignó los recursos necesarios para monitorear y mejorar las condiciones carcelarias y criticaron al liderazgo del INPE por su falta de competencia. El gobierno no tomó ninguna medida para utilizar vías alternativas al encarcelamiento en el caso de los delincuentes no violentos.

El 18 de agosto, la nueva administración reemplazó al jefe del INPE y nombró en su lugar al experto en temas penitenciarios, José Luis Pérez Guadalupe, quien inmediatamente introdujo cambios significativos en el manejo del sistema carcelario, incluyendo el restablecimiento del sistema de nombramientos de "delegados" de los internos para servir de enlace con la administración carcelaria. Esta decisión puso a los líderes de la estructura informal de poder que existía entre los internos en contra de Pérez.

d. Detenciones o Arrestos Arbitrarios

La Constitución y las leyes prohíben la detención y el arresto arbitrarios y el gobierno por lo general respetó estas prohibiciones. Sin embargo, ocurrieron casos aislados y el derecho a no ser detenido a menos que exista una orden de detención previa fue suspendido en las zonas de emergencia, donde la policía o las fuerzas armadas estuvieron encargadas de mantener la seguridad interna. El 4 de diciembre, el gobierno decretó un estado de emergencia de 60 días de duración en cuatro provincias de la Región Cajamarca a fin de calmar las protestas contra

un proyecto minero. El gobierno levantó el estado de emergencia el 15 de diciembre, luego de que los manifestantes retiraran los obstáculos que habían colocado en las carreteras. El 6 de diciembre, seis miembros de la coalición anti-minera de Cajamarca, incluyendo a un líder prominente, afirmaron haber sido injustamente detenidos por 10 horas luego de haber participado en una audiencia del Congreso en Lima. Los efectivos policiales involucrados en este incidente afirmaron que los detenidos no habían proporcionado sus documentos de identidad.

Papel de la Policía y el Aparato de Seguridad

La PNP, con un contingente de aproximadamente 100.000 efectivos, es la institución responsable de hacer cumplir las leyes y garantizar la seguridad interna en todos los ámbitos con excepción de la zona de emergencia del VRAE, donde las instituciones militares tienen a su cargo el mantenimiento de la seguridad interna. La PNP funcionó bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

Las Fuerzas Armadas, con un aproximado de 115.000 efectivos, son responsables de garantizar la seguridad externa del país bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, pero también tienen una responsabilidad limitada en el campo de la seguridad interna, particularmente en la zona de emergencia del VRAE.

Algunos observadores señalaron que la PNP contaba con un número insuficiente de efectivos y que estos no se encontraban suficientemente capacitados y carecían de profesionalismo. De acuerdo con una evaluación realizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), mencionada en un informe emitido por la Defensoría del Pueblo durante el año, más de la mitad de las comisarías eran consideradas como instituciones de "alto riesgo" o inseguras en el caso de que ocurriera algún desastre natural o un desorden social. Hubo algunas iniciativas de reforma en camino para hacerle frente a estos problemas: el Decreto Supremo 002-2011-IN, emitido en el mes de febrero, provee fondos para renovaciones correctivas y un Fondo de Seguridad Ciudadana (creado a través del Decreto de Urgencia 052-2011, publicado en el mes de setiembre) debe ser utilizado para adquirir nuevos equipos, así como para reparar los equipos ya existentes utilizados en la lucha contra el crimen.

La corrupción y una tasa muy alta de absoluciones en los casos de personal militar acusado de haber cometido algún delito continuaron siendo un problema (ver la Sección 4). Los Ministerios del Interior y Defensa utilizaron mecanismos internos para investigar supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público condujo investigaciones, aunque no siempre fue posible tener acceso a la evidencia mantenida por el Ministerio de Defensa. La Defensoría del Pueblo también puede investigar los casos pero luego de hacerlo está obligada a remitir sus conclusiones al Ministerio Público para su seguimiento.

La PNP es la institución responsable de proporcionar protección a los testigos pero no contó con los recursos necesarios para ofrecer capacitación a sus oficiales, ocultar identidades o proporcionar apoyo logístico a los testigos. Los oficiales a menudo utilizaron sus propias viviendas para ofrecer protección a los testigos.

Procedimientos de Detención y Trato Otorgado a los Personas Detenidas

Las leyes permiten que la policía detenga a las personas a fin de investigarlas. Fuera de las zonas de emergencia, las personas fueron arrestadas pública y abiertamente. La Ley estipula

que debe existir una orden de arresto judicial basada en la existencia de suficientes pruebas para que se pueda producir un arresto a menos que el perpetrador de un delito sea atrapado en el momento de cometerlo. Únicamente los jueces están facultados para autorizar un arresto. Las autoridades tienen 24 horas para presentar cargos contra la persona arrestada, excepto en casos de terrorismo, narcotráfico o espionaje en los que los cargos deben presentarse dentro de los 15 días del arresto; en zonas remotas, los cargos contra la persona implicada deben presentarse tan pronto como esto sea posible. Las autoridades militares deben entregar los detenidos a la policía, dentro de 24 horas de ocurrido el arresto. La ley exige que la policía presente un informe al Ministerio Público dentro de las 24 horas del arresto. El Ministerio Público, a su vez, debe emitir su propia evaluación sobre la legalidad de la actuación policial al momento de efectuar el arresto y las autoridades respetaron este requisito en la práctica.

El tiempo promedio transcurrido entre un arresto y la presentación del individuo ante un juez fue de 20 horas. Los jueces tienen 24 horas para decidir si liberan al sospechoso o si éste debe continuar detenido. Existe un sistema de libertad bajo fianza; sin embargo, muchas personas pobres carecieron de los medios que les permitiera pagar la fianza. De conformidad con la ley, a los detenidos se les permite tener acceso a un abogado de su elección y a miembros de su familia. La policía está autorizada a mantener a los sospechosos de terrorismo incomunicados por 10 días. El Ministerio de Justicia proporcionó a las personas indigentes acceso gratuito a un abogado, aunque estos con frecuencia no estaban bien preparados. Varios organismos no gubernamentales (ONGs) proporcionaron capacitación a los abogados.

Detención Previa al Juicio: Los períodos largos de detención previos a la realización de un juicio continuaron constituyendo un problema. Para el mes de octubre las autoridades únicamente habían sentenciado a 21.684 de los 51.516 individuos que poblaban los centros de detención y las prisiones. De acuerdo con estadísticas del INPE, para el mes de octubre un 58 por ciento de los internos se encontraba a la espera de ser juzgados, la mayoría de ellos lo hacía por uno o dos años. Las demoras se debían principalmente a la ineficiencia del Poder Judicial, la corrupción y a un número insuficiente de trabajadores. La ley exige que aquellos internos que han permanecido en prisión por más de 18 meses sin haber sido juzgados y sentenciados sean liberados; este período se amplía a 36 meses en causas complejas. Bajo el nuevo código de procedimientos penales (ver la Sección 1.e, Procedimientos Judiciales), los plazos son de nueve meses para casos simples y 18 meses para casos complejos.

e. Privación de la Celebración de un Juicio Público Justo

La Constitución dispone que debe existir un Poder Judicial independiente y el gobierno generalmente respetó esta disposición en la práctica. Algunas ONGs y otros analistas denunciaron que el Poder Judicial se encontraba politizado y corrupto (ver la Sección 4).

Procedimientos Judiciales

La legislación estipula que los individuos tienen derecho a un juicio justo y público, y un Poder Judicial independiente generalmente hizo cumplir ese derecho. El sistema judicial está basado en el Código Napoleónico. Un fiscal investiga los casos y presenta su opinión a un juez de primera instancia, que es quien determina si existe suficiente evidencia para dar inicio a un proceso judicial. Un juez conduce una investigación, evalúa los hechos, determina la culpabilidad o inocencia del acusado y emite una sentencia. Se presume que todo acusado es inocente; los acusados tienen derecho a estar presente en sus juicios, a presentar testigos y a ser representados por un abogado. El Ministerio de Justicia proporcionó el acceso a un

abogado a las personas indigentes de manera gratuita, aunque estos abogados con frecuencia no se encontraban lo suficientemente capacitados. A los acusados y a sus abogados generalmente se les permitió tener acceso a la evidencia o pruebas relacionadas con sus causas, con la excepción de casos relacionados con los abusos de los derechos humanos que tuvieron lugar en el período 1980-2000 y de manera particular en aquellos casos en los que se encontraba involucrado el Ministerio de Defensa. Aunque los ciudadanos tienen el derecho a ser juzgados en su propio idioma, los servicios de traducción para aquellas personas que no hablan el idioma castellano, que conforman un número elevado de personas que reside en las regiones de la sierra y de la selva, en ocasiones no estuvieron disponibles. Los acusados pueden apelar los veredictos ante la Corte Superior y posteriormente ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Constitucional se ocupa de ver causas relacionadas con temas tales como el habeas corpus.

El Poder Judicial continuó con la gradual implementación, iniciada en el 2009, de un nuevo código de procedimientos penales diseñado para modernizar el proceso penal. El nuevo código, implementado en 17 de 31 distritos judiciales para finales de año, exige la celebración de audiencias públicas para cada caso y asigna la responsabilidad investigativa a los fiscales y la policía; los jueces deben dejar de realizar sus propias investigaciones. La implementación del nuevo código en Lima y Callao ha sido programada para el 2013; de ser implementado según lo planificado, para esa fecha el código debería estar siendo aplicado para la mayoría de la población del país.

Presos y Detenidos Políticos

No hubo informes sobre presos o detenidos políticos.

Decisiones de la Corte Regional sobre Derechos Humanos

El 4 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el gobierno y a favor de una organización laboral. En su decisión emitida por escrito, la Corte indicó que esperaba recibir un informe sobre el cumplimiento de este fallo en el lapso de un año.

En cumplimiento con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de diciembre, el presidente del Congreso repuso en sus puestos a 257 trabajadores del Congreso que habían sido despedidos cuando el aquel entonces presidente Fujimori clausuró el Congreso en 1992.

Procedimientos y Recursos Judiciales en el Fuero Civil

Los ciudadanos puedan presentar recursos en el fuero civil por casos de violación de sus derechos humanos; sin embargo, con frecuencia los procesos judiciales se prolongaron por muchos años. Informes de prensa, ONGS y otras fuentes señalaron que con frecuencia individuos que no pertenecían el Poder Judicial corrompieron o influyeron sobre los jueces (ver la Sección 4).

f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia

La ley prohíbe tales acciones y -en la práctica- el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones. Sin embargo, hubo informes que señalaban que en algunas ocasiones las autoridades ingresaron a viviendas privadas antes de haber obtenido la orden judicial

correspondiente; por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio fue suspendido en las zonas de emergencia del Valle del Alto Huallaga y el VRAE. El 4 de diciembre, el presidente declaró un estado de emergencia por 60 días, que luego levantó el 15 de diciembre, el mismo que permitió que tuvieran lugar arrestos sin que se contara con una orden judicial previa en cuatro provincias de la Región Cajamarca.

En octubre el gobierno anunció que el Fiscal de la Nación había reabierto una investigación de una causa presentada por más de 2.000 mujeres que alegaban haber sido sometidas a esterilizaciones forzadas en los años 90s durante la presidencia de Alberto Fujimori. Organizaciones de derechos humanos calcularon que aproximadamente 300.000 mujeres fueron forzadas a esterilizarse durante ese período.

Sección 2 Respeto por las Libertades Civiles, incluyendo:

a. Libertad de Prensa y Expresión

Estatus de la Libertad de Prensa y Expresión

La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa y el gobierno usualmente respetó estos derechos en la práctica. Por lo general una prensa independiente, un Poder Judicial efectivo y un sistema político democrático funcional se combinaron para garantizar la libertad de prensa y expresión. Sin embargo, existieron casos de hostigamiento y aún de violencia extrema contra algunos periodistas, así como la autocensura de algunos medios de comunicación.

Violencia y Hostigamiento: Durante el año tres periodistas radiales de provincias fueron asesinados; cada uno de ellos se encontraba investigando casos de corrupción que involucraban a autoridades locales. Atacantes desconocidos, que permanecen sin haber sido atrapados, dispararon contra las víctimas; dos de ellas habían recibido amenazas de muerte antes de ser atacadas. Las investigaciones continuaban para finales de año.

Algunos periodistas y medios de comunicación informaron que habían sido objeto de amenazas o acciones intimidatorias. Durante el año la Asociación Nacional de Periodistas reportó 189 casos de hostigamiento, un número algo menor que los 194 casos reportados en el 2010, y el Instituto de Prensa y Sociedad emitió 121 alertas, número que supero las 85 emitidas en el 2010. De los casos de hostigamiento reportados por la Asociación Nacional de Periodistas, 76 involucraron un hostigamiento por parte de las autoridades civiles y 23 por parte de efectivos policiales y militares.

Censura o Restricciones al Contenido: La población fue alertada sobre la existencia de una supuesta autocensura de los medios de comunicación durante las campañas para la elección presidencial. La mayoría de medios de comunicación apoyaron abiertamente a uno de los dos candidatos que compitieron en la segunda vuelta electoral. Varios conocidos reporteros y productores de televisión debieron renunciar a sus cargos o fueron despedidos por –supuestamente- haberse negado a ceñirse a la línea editorial favorable al candidato preferido por su empleador. En abril, la productora general del canal de televisión por cable Canal N Patricia Montero y el productor de noticias José Jara afirmaron haber sido despedidos por haber emitido un reportaje favorable al candidato Ollanta Humala. Los reporteros del diario Perú 21 de la ciudad de Lima, Oscar Miranda, Daniel Yovera y Emilio Camacho y el caricaturista Miguel Det renunciaron por el supuesto favoritismo mostrado hacia la candidata

Keiko Fujimori por el director del diario, Fritz Dubois. No hubo denuncias de interferencia por parte del gobierno en estos casos.

Acciones Diseñadas para Expandir la Libertad de Prensa

La difamación continuó siendo criminalizada en el código penal. En el mes de abril el periodista Paul Segundo Garay de Ucayali fue sentenciado a tres años de cárcel luego de haber sido hallado culpable de los cargos presentados contra él en el año 2010 acusándolo de haber difamado al fiscal provincial de Ucayali a quien Garay había criticado por haber cometido supuestos actos de corrupción. Garay apeló el fallo y fue liberado luego de pasar seis meses en prisión. El bloguero José Godoy continuó apelando su sentencia de tres años de cárcel (conmutada por tres años de libertad condicional) y al pago de una multa de 337.500 nuevos soles ($125.000) por haber difamado a un ex congresista en el 2009 en el blog noticioso de Godoy en la Internet. Godoy fue el primer bloguero condenado por difamación, un fallo que fue criticado por las organizaciones de periodistas peruanos.

Libertad en la Internet

El gobierno no impuso ninguna restricción sobre el acceso a la Internet, tampoco hubo informes verosímiles sobre algún monitoreo por parte del gobierno de los correos electrónicos o los salones de "chat" en la Internet. Tanto grupos como individuos pudieron expresar sus opiniones libremente a través de la Internet, incluido el correo electrónico.

Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo ninguna restricción gubernamental a la libertad académica o a los eventos culturales.

b. Libertad de Asociación y Reunión Pacífica

Libertad de Reunión

La Constitución establece el derecho a la libertad de reunión y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. La legislación no exige ningún tipo de autorización previa para que puedan realizarse manifestaciones públicas pero los organizadores de tales manifestaciones deben informar a la autoridad política (el prefecto) en el Ministerio del Interior sobre el tipo de manifestación y el lugar donde esta tendrá lugar. Sin embargo, el gobierno mantuvo zonas de emergencia y suspendió la libertad de reunión y otras libertades en zonas cocaleras, donde operaron elementos armados de Sendero Luminoso.

Las manifestaciones pueden prohibirse por razones de seguridad o salud pública. La Policía utilizó gases lacrimógenos y, ocasionalmente, la fuerza para dispersar a los participantes en varias manifestaciones. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, las protestas en algunas localidades se tornaron violentas, habiendo resultado en algunos muertos y heridos (ver la Sección 1.a.). El 4 de diciembre, el gobierno decretó un estado de emergencia por 60 días en cuatro provincias de la Región Cajamarca, restringiendo de esta manera el derecho a la reunión luego de que varios días de huelga y obstrucción de caminos afectaron las actividades diarias de la población, ocasionaron una escasez de productos en la región y condujeron a enfrentamientos entre efectivos de la policía y manifestantes, todo lo cual resultó en decenas de personas heridas. El estado de emergencia fue levantado el 15 de diciembre.

Libertad de Asociación

La ley establece la libertad de asociación y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de Culto

Sírvase consultar el Informe Internacional sobre Libertad Religiosa en la página web: http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt .

d. Libertad de Movimiento, Personas Desplazadas Internamente, Protección de Refugiados y Personas Apátridas

La Ley establece el derecho a la libertad de movimiento dentro del país, a realizar viajes al extranjero, a emigrar y a ser repatriado, y por lo general el gobierno respetó estos derechos en la práctica. El gobierno colaboró con la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y otros organismos humanitarios para proporcionar protección y ayuda a personas internamente desplazadas, a refugiados, a refugiados retornantes, a solicitantes de asilo, a individuos apátridas y a otras personas en situaciones similares.

Movimiento dentro del país: El gobierno mantuvo zonas de emergencia en las cuales restringió la libertad de movimiento en varias provincias, habiendo señalado que su propósito para hacer esto era el de garantizar la tranquilidad pública y restaurar el orden interno. Adicionalmente, como medida contra el narcotráfico, el gobierno comenzó a exigir que los adultos que viajaban con menores de edad mostraran el documento de identidad del menor al momento de abordar el ómnibus o el avión.

En algunas ocasiones los narcotraficantes e integrantes de Sendero Luminoso lograron interrumpir el libre tránsito de las personas a través del bloqueo de los caminos en algunos parajes de las zonas de emergencia del Alto Huallaga y la zona del VRAE.

Manifestantes en las Regiones de Puno y Cajamarca y en otros lugares bloquearon los caminos, en ocasiones por varias semanas a la vez, con el propósito de llamar la atención de la población sobre sus demandas.

Personas Internamente Desplazadas

Durante el año no hubo ningún incidente importante de algún desplazamiento interno y la situación de las personas internamente desplazadas (PIDs) continuó siendo difícil de evaluar. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), el número de PIDs continuaba siendo desconocido debido a que los funcionarios registraron a un número relativamente pequeño de ellos. El Consejo Nacional de Reparaciones, una entidad gubernamental, continuó prestando su ayuda a personas que fueron afectadas durante el conflicto con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre los años 1980-2000. El Consejo elaboró un registro de víctimas que incluyó a unos 137.300 individuos, así como a unas 5.600 comunidades con derecho a recibir reparaciones. El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES) también mantuvo un registro específico de PIDs que incluyó a un aproximado de 5.000 personas. Algunas víctimas y familiares de estas carecían de los documentos de identidad adecuados y tuvieron problemas para establecer su derecho a recibir reparaciones. Un Decreto Supremo (051-2011-PCM)

autorizó el pago gradual de las reparaciones a las víctimas y estipuló que únicamente aquellas víctimas registradas antes del 31 de diciembre del 2011, tendrían derecho a recibir las reparaciones. Para finales de año, en realidad no se había presupuestado ningún dinero para el pago de estas reparaciones.

Protección para los Refugiados

Para el mes de setiembre el ACNUR informó que existían 402 solicitudes de refugio pendientes y 1.1.57 refugiados reconocidos por el gobierno.

Acceso al Asilo: La legislación del país estipula el otorgamiento del asilo o del estatus de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema a través del cual se brinda protección a los refugiados. El gobierno colaboró con el ACNUR y reconoció a la Comisión de Migración Católica como el ente oficial encargado de ofrecer ayuda técnica a los refugiados. La Comisión también asesoró a ciudadanos que temían ser perseguidos e intentaron obtener asilo en el extranjero. El gobierno proporcionó protección a los refugiados bajo un sistema de renovación anual, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión.

Soluciones Duraderas: No hubo ningún programa de reubicación de refugiados; sin embargo, el Estado recibió a ciudadanos colombianos a los que se les concedió estatus de refugiados en el Ecuador, así como a solicitantes de refugio venezolanos y cubanos y proporcionó algún apoyo administrativo para ayudarlos a integrarse. El ACNUR otorgó a esos refugiados ayuda humanitaria y de emergencia, apoyo legal, documentación y, en casos excepcionales, facilitó su retorno voluntario y reunificación familiar.

Protección Temporal: El gobierno también proporcionó protección temporal a individuos que podrían no calificar como refugiados. Este fue el caso de varios ciudadanos haitianos que fueron descubiertos esperando para cruzar la frontera hacia el Brasil.

Individuos apátridas

La ciudadanía se obtiene a través del nacimiento dentro del territorio o es conferida por los padres del individuo. En caso de encontrarse fuera del Peru al momento del nacimiento del hijo, los padres deben registrar el nacimiento antes de que sus hijos cumplan los 18 años si desean que su hijo obtenga la ciudadanía. La ley otorga a todos los ciudadanos el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y un reconocimiento legal; asimismo, otorga otros derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Unas 277.596 personas no contaban con partidas de nacimiento y 4,7 millones de ciudadanos (15.9 por ciento de la población), carecían de documentos de identidad, razón por la cual no pudieron ejercer plenamente estos derechos, lo cual –de hecho- los convirtió en individuos apátridas. Un número desproporcionado de aquéllos que carecían de documentos de identidad lo constituían las mujeres y los niños indígenas y pobres que vivían en zonas rurales. Los ciudadanos no documentados fueron víctimas de la marginación social y política y tuvieron problemas para poder acceder a los servicios proporcionados por el gobierno, incluyendo la posibilidad de presentarse para un cargo público o de hacerse acreedores a un título de propiedad. Para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI), se requiere contar con una partida de nacimiento, sin embargo, muchos nacimientos que tuvieron lugar en áreas rurales ocurrieron en casa. Con frecuencia a las mujeres pobres que tuvieron a sus hijos en casa no les fue posible pagar la tarifa establecida para poder registrar a sus hijos. En un esfuerzo por reducir los índices de mortalidad infantil, el

Ministerio de Salud permitió que las mujeres que tuvieron a sus hijos en clínicas u hospitales pudieran registrar a sus hijos gratuitamente.

Sección 3 Respeto por los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a un cambio pacífico del gobierno y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones justas, periódicas y libres realizadas sobre la base de una votación obligatoria y el sufragio universal.

Las Elecciones y la Participación Política

Elecciones Recientes: El 28 de julio, Ollanta Humala Tasso asumió la presidencia luego de dos rondas electorales que fueron consideradas justas y equitativas. Tanto los observadores nacionales como internacionales declararon que las elecciones celebradas el 10 de abril a nivel nacional (para presidente, Congreso y Parlamento Andino) y el 5 de junio (segunda vuelta únicamente para la elección presidencial) habían sido transparentes y equitativas, a pesar de haber existido alguna controversia sobre el financiamiento de la campaña electoral e irregularidades menores en algunas áreas. En las elecciones para el Congreso unicameral, la alianza Gana Perú liderada por el Presidente Humala obtuvo 47 de los 130 escaños en el Congreso unicameral, la mayor de las seis bancadas parlamentarias.

La segunda vuelta celebrada el 5 de junio fue una competencia entre dos candidatos controversiales. El candidato que finalmente ganó, Ollanta Humala Tasso, había sido acusado de violaciones contra los derechos humanos mientras servía en el ejército. Su oponente, Keiko Fujimori, era la hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien se encontraba cumpliendo una sentencia en la cárcel por violación de derechos humanos y actos de corrupción. Varias organizaciones de la sociedad civil, de manera particular ONGs de derechos humanos, se involucraron directamente en el proceso electoral realizando una campaña abiertamente en contra de Keiko Fujimori o apoyando abiertamente a Humala, dejando de lado su tradicional papel de observadores no políticos.

Partidos Políticos: Los partidos políticos funcionaron sin restricciones o interferencias externas, aunque continuaron siendo instituciones débiles dominadas por personalidades dentro del partido. En las elecciones regionales y municipales, los movimientos regionales continuaron ganando terreno a costa de los partidos nacionales. Los grupos que promueven un derrocamiento violento del gobierno están prohibidos de participar en el proceso político.

Participación de Mujeres y Minorías: La Ley ordena que al menos un 30 por ciento de los candidatos en las listas partidarias sean mujeres y los partidos respetaron la legislación. Hubo 28 mujeres en el nuevo Congreso. Tres miembros del Congreso se auto-identificaron como afro-peruanos. Tres de los 19 miembros del Gabinete Ministerial fueron mujeres. Hubo dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 18 jueces.

Sección 4 Corrupción Oficial y Transparencia en el Gobierno

La ley penaliza la corrupción oficial. Sin embargo, el gobierno no siempre implementó estas disposiciones de la ley de manera efectiva y en ocasiones los funcionarios se vieron involucrados en prácticas corruptas protegidos por la impunidad. Existió una percepción generalizada de que la corrupción había penetrado todas las ramas del gobierno. La Oficina del

Contralor General gozó de una autoridad independiente para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron actos de corrupción; las sanciones incluyeron la suspensión temporal, el término del empleo y el procesamiento penal.

Se continuó afirmando que existía una corrupción generalizada en el sistema judicial. El nuevo código de procedimientos penales (ver la Sección 1.a, Procedimientos Judiciales), aunque todavía no ha sido implementado en Lima y el Callao, fue aplicado en casos de corrupción en estos distritos judiciales, lo cual refleja la importancia que se le otorga a tales casos. Por ejemplo, el nuevo código fue utilizado en la causa seguida contra Marco Antonio Guerra Castillo, un técnico judicial que el 25 de enero fue filmado (con una cámara de video) mientras recibía un soborno en el edificio de la Corte Suprema.

Durante su período parlamentario, los miembros del Congreso no pueden ser enjuiciados o arrestados sin contar con la autorización previa del Congreso, excepto en casos de delitos flagrantes, en cuyo caso el Poder Judicial debe solicitar que el Congreso permita su arresto. La inmunidad parlamentaria no es aplicable a procesos judiciales en curso anteriores a la juramentación del congresista. Asimismo, no protege a los miembros del Congreso de denuncias civiles, tales como el no cumplir con un contrato o con el pago de una pensión de alimentos. Catorce miembros del Congreso estaban siendo investigados por actividades cuestionables que iban desde la falsificación de sus currículos (al haber incluido títulos falsos y omitido condenas previas) hasta su involucramiento en la minería ilegal. Otro caso prominente involucró al segundo vicepresidente, quien también era un miembro del Congreso y fue acusado de tráfico de influencias.

La corrupción en las prisiones fue un grave problema y en algunos casos los guardias de las prisiones colaboraron con delincuentes encargados de dirigir el contrabando de armas y drogas a la prisión. Existieron varios reportes de corrupción militar, impunidad y resistencia a proporcionar información sobre personal militar que venía siendo investigado por haber cometido abusos a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país. Las fuerzas de seguridad intentaron fortalecer la práctica de rendición de cuentas a través de la capacitación ofrecida a sus miembros en el área de los derechos humanos y la revisión de procedimientos disciplinarios pero lo hicieron a paso muy lento.

Para finales del 2010, las autoridades finalizaron su investigación sobre el escándalo de los Petroaudios – relacionado con concesiones petroleras corruptas. Sin embargo, el juicio oral no había comenzado para fines de año. El ex ministro de Estado Rómulo León fue liberado el 2 de diciembre, luego de haber permanecido 36 meses en prisión sin recibir sentencia por su supuesto involucramiento en este caso y Alberto Quimper, funcionario de Perupetro, quien también era sospechoso de haber cometido una fechoría, permanecía bajo arresto domiciliario. En una causa relacionada con los Petroaudios, continuaba el juicio oral sobre la investigación de la interceptación ilegal de líneas telefónicas e interferencia con evidencia sobre esta interceptación de líneas telefónicas.

El 31 de agosto, el Contralor General informó al Congreso que 10.659 funcionarios públicos habían cometido irregularidades entre enero del 2009 y julio del 2011, el período final del mandato del ex presidente Alan García. De acuerdo con este informe, 2.447 de estos casos constituían infracciones penales o civiles, mientras que el resto de ellas reflejaban una simple mala administración. La mayor parte de estos caso estaban relacionados con proyectos de infraestructura (tales como la reconstrucción de la ciudad de Pisco luego del terremoto ocurrido en el 2007 y la remodelación del Estadio Nacional y de hospitales) o programas sociales (tal

como un programa que proporciona materiales de construcción). El gobierno se encontraba evaluando estos casos. El 15 de setiembre, el Congreso aprobó la creación de una comisión investigadora de supuestos actos de corrupción cometidos durante el anterior gobierno. Esta comisión inició su labor el 21 de noviembre.

El 21 de diciembre, el ex Viceministro de Justicia Gerardo Castro fue condenado por haber intentado sobornar a un funcionario del Ministerio de la Producción con el fin de obtener una licencia para pesca comercial. Castro fue sentenciado a cinco años de prisión.

La mayor parte de funcionarios públicos se encuentran sujetos a leyes que disponen el levantamiento del secreto bancario y están obligados a presentar su estado financiero personal a la Contraloría General de la República antes de asumir sus cargos y deben continuar haciéndolo en forma periódica durante el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, estas leyes no se hicieron cumplir con firmeza.

La legislación estipula el acceso del público a información sobre el gobierno y la mayoría de Ministerios y principales entidades del gobierno proporcionó información en sus Páginas Web. La implementación de esta ley fue inadecuada, particularmente en las zonas rurales, donde un reducido número de ciudadanos ejerció o comprendió el derecho que tenía a la información. La Defensoría del Pueblo alentó a los gobiernos regionales a adoptar prácticas más transparentes en la divulgación de información y supervisó el cumplimiento –por parte de estos gobiernos- de una ley que requiere que se celebren audiencias públicas al menos dos veces al año.

Sección 5 Actitud del Gobierno respecto a Investigaciones Internacionales y

Gubernamentales de Supuestas Violaciones de los Derechos Humanos

Un gran número de organismos internacionales y locales de derechos humanos generalmente funcionó sin que el gobierno les impusiera restricciones, pudiendo investigar y publicar sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Por lo general, los funcionarios gubernamentales colaboraron y fueron receptivos con los puntos de vista de estas organizaciones. Las ONGs que deseaban solicitar información a los jefes militares lo hicieron a través de la Defensoría del Pueblo.

El gobierno se valió del CICR para que sirviera de facilitador entre entidades gubernamentales y la sociedad civil en el área de personas desaparecidas. El CICR ayudó a brindar apoyo sicológico y social a los parientes de personas desaparecidas y compartió sus conocimientos con funcionarios en las ramas médica, legal y forense. Asimismo, el CICR se ocupó de atender las consecuencias de la violencia social ofreciendo ayuda médica humanitaria, sosteniendo conversaciones sobre el uso de la fuerza con las autoridades, miembros de la Policía y el Poder Judicial y manteniendo una oficina permanente en Ayacucho para la zona de emergencia del VRAE.

Entidades de Derechos Humanos del Gobierno: El 5 de diciembre el nombre del Ministerio de Justicia fue cambiado por el de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos luego de que el Presidente Humala firmara la Ley No. 28809. Esta ley también creó el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

La Defensoría del Pueblo administró sus 28 oficinas y 10 sucursales sin ninguna interferencia del gobierno o de algún partido político y su accionar fue considerado efectivo. Durante el año el Defensor del Pueblo emitió dos informes que contenían recomendaciones sobre la educación

intercultural/bilingüe y sobre niños en situación de abandono. El gobierno tomó nota de estas recomendaciones en diferentes grados.

Las comisiones del Congreso incluyeron, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y una Comisión para la Salud, la Población, la Familia y las Personas con Discapacidad. Estas comisiones no emitieron ningún informe y tuvieron un impacto limitado en las políticas.

La Sala Penal Nacional emitió dos fallos sobre casos presentados por la Comision de la Verdad y la Reconciliación. Héctor Andrés Egoechaga fue sentenciado a 14 años de prisión por la muerte de Indalecio Pomatanta en Pucallpa en 1995. La Sala declaró que otros tres denunciados en este caso eran inocentes y se reservó la sentencia de un quinto sospechoso quien no se encontraba en la Sala. El Ministerio Público apeló la sentencia, habiendo declarado su disconformidad con la declaración de inocencia de los tres sospechosos y afirmado que la condena impuesta a Egoechaga era menor que el mínimo de años que debía ser impuesto por este tipo de delitos.

La Sala también dictó una sentencia en la causa de Pucayacu II, condenando a Enrique de la Cruz Salcedo a 17 años de prisión por el asesinato extrajudicial de siete personas en 1985. Otro sospechoso en esta causa fue hallado inocente debido a la enfermedad mental que supuestamente padecía en esa época; un tercer sospechoso logro huir y por lo que las autoridades debieron posponer su juicio hasta su eventual captura.

Sección 6 Discriminación, Abusos Cometidos por la Sociedad y Trata de Personas

La legislación prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad, idioma o estatus social, sin embargo los esfuerzos por hacer cumplir la ley fueron muy lentos y la discriminación persistió.

Mujeres

Violación y Violencia Doméstica: La estructura legal que rige los derechos y la protección de la mujer es amplia y bien definida. Sin embargo, la aplicación y el cumplimiento de la ley fueron muy laxos. La ley estipula que la violación es un delito, incluyendo la violación cometida por el cónyuge, con penas que oscilan entre seis a ocho años de prisión, pero los esfuerzos por hacer cumplir la ley fueron ineficientes. El MIMDES reportó 841 casos de violación en todo el país durante el año, pero observadores sostuvieron que en muchos casos la violación no fue reportada debido al temor a la venganza y al estigma de la violación, incluyendo el sufrir una mayor violencia. No existieron estadísticas disponibles sobre violadores que hubiesen sido juzgados, condenados o castigados.

La ley prohíbe la violencia doméstica y las penas por ese delito oscilan entre un mes y seis años de prisión. La ley otorga a los jueces y fiscales la autoridad para evitar que el cónyuge o el padre/madre de familia que es hallado/a culpable regrese al hogar familiar y permite que los parientes de la víctima y otras personas no relacionadas con ella -pero que viven en la misma casa de ésta- presenten las denuncias por violencia doméstica. Asimismo, la ley permite que profesionales del sector médico presenten pruebas que confirmen la existencia de heridas y el daño producido. La ley exige que la investigación policial sobre casos de violencia doméstica tenga lugar dentro de los cinco días posteriores al hecho y obliga a las autoridades a ofrecer protección a las mujeres que son víctima de este tipo de violencia. Durante el año el MIMDES

informó que 35 hombres habían sido sentenciados por delitos relacionados con la violencia doméstica.

La violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violación, el abuso conyugal y el abuso sexual, físico y mental continuaron constituyendo un grave problema. La falta de sensibilidad mostrada hacia las víctimas de sexo femenino tanto por las autoridades policiales como por las judiciales contribuyó a alentar una actitud permisiva entre los miembros de la sociedad con respecto a estos abusos. El MIMDES reportó que durante el año hubo un total de 77 casos de feminicidio y 60 casos de intentos de asesinato de mujeres.

El 26 de diciembre, una nueva ley (008/2011-CR) que incorpora el feminicidio dentro del código penal entró en vigencia. La ley estipula una sentencia mínima de 15 años para aquellos que son encontrados culpables de haber asesinado a una mujer, ya sea que esta sea una pariente cerca, una esposa o una pareja.

Muchos casos de abuso doméstico nunca fueron reportados y las ONGs afirmaron que la mayoría de los casos reportados no resultaron en una denuncia formal debido al temor a una represalia o al gasto involucrado en la presentación de la denuncia. La protección brindada a las víctimas fue bastante limitada debido a la lentitud en los trámites judiciales, así como a las ambigüedades de la ley. Existieron muy pocos albergues para las personas afectadas por la violencia doméstica y estos no proporcionaron a las víctimas una protección y apoyo adecuados.

El MIMDES administró el Programa de Emergencia de la Mujer, que incluyo 139 centros en los cuales colaboraron efectivos policiales, fiscales, consejeros y asistentes sociales con el fin de brindar ayuda a las víctimas del abuso doméstico. Asimismo, se esforzó por atender los problemas legales, psicológicos, sociales y médicos a los que deben hacer frente las víctimas de la violencia doméstica. El Ministerio también operó una línea telefónica gratis para emergencias.

El MIMDES continuó desplegando sus esfuerzos para crear conciencia entre los empleados públicos y a la ciudadanía en general sobre el problema de la violencia doméstica. El gobierno continuó implementando un vasto plan nacional para el período 2009-2015 diseñado para atender los casos de violencia en las familias y contra las mujeres. A pesar de estos esfuerzos, algunas ONGs y la Defensoría señalaron que los efectivos policiales se mostraron indiferentes ante las denuncias de violencia doméstica, aunque están obligados por ley a investigarlas.

Acoso Sexual: El acoso sexual constituyó un grave problema. La ley no define al acoso sexual como un delito sino como una violación de los derechos laborales sujeto a una sanción administrativa, la misma que depende de la situación profesional en la que tuvo lugar la violación. El gobierno fue muy poco efectivo en hacer cumplir la ley. Las mujeres tuvieron dificultad en presentar una denuncia por acoso sexual debido a la indebida carga probatoria de la propia víctima para establecer el acoso así como por el temor a una represalia.

Derechos Reproductivos: Las parejas y las personas solas gozan del derecho de decidir el número, tiempo de espera y momento del nacimiento de sus hijos y generalmente contaron con la información y los medios para hacerlo sin sufrir discriminación alguna. El acceso a la información sobre métodos contraceptivos y a la planificación familiar fue muy amplio.

Discriminación: Las leyes disponen la igualdad entre hombres y mujeres y prohíben la discriminación contra las mujeres en temas como el matrimonio, el divorcio y los derechos de propiedad. Las mujeres pertenecientes a la clase alta y media-alta asumieron posiciones de liderazgo en compañías privadas y entidades gubernamentales. La ley prohíbe la discriminación de género en los avisos de empleo o de oportunidades educativas y el despido arbitrario de mujeres embarazadas; sin embargo, en la práctica persistió la discriminación. Las leyes estipulan que las mujeres deben recibir igual pago a igual trabajo, pero con frecuencia las mujeres recibieron un salario menor por un trabajo similar. Los prejuicios que alberga la sociedad y la discriminación también resultaron en tasas de pobreza y desempleo desproporcionadas entre las mujeres. Con mayor frecuencia fueron las mujeres las que debieron trabajar en el sector informal o en ocupaciones menos seguras, desempeñándose como empleadas domésticas, operarias en fábricas o vendedoras ambulantes y la posibilidad de que fueran analfabetas fue mayor debido a una falta de educación formal.

Niños

Registro de Nacimientos: La ciudadanía se obtiene a través del nacimiento del individuo dentro del territorio peruano o a través de los padres del niño/a. Hubo problemas con el registro de nacimientos por parte del gobierno (ver la Sección 2.d.). La falta de registro de los nacimientos dificultó el acceso a los servicios ofrecidos por el gobierno, tales como el acceso a la educación y la salud.

Educación: La Constitución dispone que la educación a nivel de primaria y secundaria sea gratuita. Sin embargo, algunos ciudadanos y ONGs afirmaron que –en la práctica- en ambos casos no lo era en su totalidad y que las tarifas que se cobraban por concepto de las asociaciones de padres de familia, los gastos administrativos y el costo de los materiales educativos hicieron muy difícil el acceso a la educación de las familias de menores ingresos.

Maltrato Infantil: La violencia y el abuso sexual del que fueron objeto los niños fue un grave problema. El MIMDES informó que hasta el mes de noviembre se habían reportado 1.551 casos de violencia o abuso sexual de niños menores de cinco años y 3.882 casos de abuso de niños de entre los seis y los once años de edad. Muchos casos de abuso no fueron reportados debido a que de conformidad con las normas de la sociedad tales abusos son percibidos como un problema de índole familiar que debe ser resuelto de manera privada.

El Programa de Emergencia de la Mujer del MIMDES recibió información a través de las oficinas encargadas de proteger los derechos y el bienestar de los niños y prestó su ayuda a los niños que fueron víctimas de la violencia. La Dirección de la Niñez del MIMDES tuvo a su cargo la coordinación de las políticas y los programas del gobierno para niños y adolescentes. Más de 2.175 oficinas encargadas de proteger los derechos y el bienestar del niño en sus propias comunidades, se ocuparon de resolver denuncias que iban desde el abuso físico y sexual de los niños hasta su abandono y el incumplimiento con el pago de las pensiones para alimentos. Los gobiernos provinciales o distritales administraron aproximadamente un 50 por ciento de estas oficinas, mientras que las escuelas, las iglesias y las ONGs estuvieron a cargo del resto de ellas. La mayoría de estas oficinas estuvo atendida por estudiantes de Derecho, particularmente en los distritos rurales. En aquellas ocasiones en las que a estas oficinas no les fue posible resolver las disputas, los funcionarios usualmente las remitieron a las fiscalías locales que dependen del Ministerio Público y cuyos fallos tuvieron validez legal y la misma fuerza de ley que el dictamen de cualquier juzgado.

Explotación Sexual de los Niños: La Ley prohíbe la prostitución infantil e impone penas de entre 5 a 12 años de prisión a los perpetradores de este delito. Muchos casos de prostitución infantil salieron a la luz y el país fue un destino para el turismo sexual con menores de edad, siendo Lima, Cusco e Iquitos las principales localidades donde tuvo lugar. La participación en el turismo sexual con niños está penada con 4 a 10 años de prisión. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo difundió información sobre el problema.

La edad mínima para el sexo consensual es 18 años. La ley que penaliza el estupro establece diferentes modalidades respecto al delito de violación, incluyendo la violación de jóvenes menores de de 14 años de edad, con penas que oscilan entre 25 años de prisión a la cadena perpetua. La pena por involucramiento en pornografía infantil es de cuatro a doce años de prisión, además del pago de una multa.

Niños Soldados: La edad mínima para el reclutamiento de jóvenes es de 18 años de edad. Las fuerzas armadas del país -que ya no están encargadas del reclutamiento de los jóvenes- prohíben el reclutamiento de menores de edad, aún el de aquellos que cuentan con la autorización de sus padres. La Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo informó sobre 18 casos en los que el ejército había admitido a soldados menores de 18 años, generalmente eran reclutas que habían mentido sobre su verdadera edad; este número representa una importante disminución frente a los 150 caso reportados en el 2009. Sin embargo, no hubo informes sobre personas menores de 18 que hubieran participado en combates como miembro de alguna de las instituciones militares del gobierno.

También hubo el caso de una utilización –tanto forzada como voluntaria- de menores por la organización proscrita Sendero Luminoso. Continuaron existiendo informes que afirmaban que Sendero Luminoso utilizó a menores de edad tanto en la lucha armada como en actividades de narcotráfico. Aparentemente, algunos de estos niños habían sido secuestrados de comunidades locales, mientras que otros eran hijos de miembros de Sendero Luminoso.

Sírvase consultar también el Informe sobre Trata de Personas que publica anualmente el Departamento de Estado en la Página Web www.state.gov/j/tip.

Secuestros Internacionales de Menores: El país es miembro de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores de 1980. Si desea encontrar información sobre este tema sírvase consultar el informe que emite el Departamento de Estado sobre el cumplimiento de esta Convención en la página web: http://travel.state.gov/abduction/resources/congressreport/congressreport_4308.html.

Antisemitismo

Se estima que la población judía se encuentra entre las 2.500 y 4.000 personas. No hubo ningún informe de alguna acción antisemítica.

Trata de Personas

Sírvase consultar el Informe sobre Trata de Personas emitido el Departamento de Estado en la página web: www.state.gov/j/tip.

Personas con Discapacidad

La legislación prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad y establece las infracciones y las sanciones relacionadas con el incumplimiento de normas específicas. La Constitución se ocupa de los temas de seguridad social, salud, educación y empleo para personas con discapacidad, así como sobre su derecho de participar en los negocios, el comercio y la industria. Las leyes estipulan una protección debida, cuidados, rehabilitación, seguridad e inclusión social de las personas con discapacidad; ordena que los espacios públicos se encuentren libres de barreras y sean accesibles a las personas con discapacidad y dispone el nombramiento de un especialista en derechos de las personas con discapacidad en la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, la legislación ordena que las cabinas de Internet a cargo del gobierno y otros proveedores de este servicio sean accesibles a las personas con discapacidad y exige que los todos los programas educativos y culturales que se transmiten en la televisión estatal, así como los medios de comunicación alternativos en todas las bibliotecas públicas sean accesibles por medio de la utilización de lenguaje por señas o subtítulos.

En la práctica el gobierno asignó muy pocos recursos a la tarea de hacer cumplir las leyes y brindar capacitación y muchas personas afectadas por discapacidades físicas continuaron siendo marginadas a nivel económico y social. Las entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local desplegaron muy pocos esfuerzos para facilitar el acceso a los edificios públicos. En las oficinas de gobierno no se asignó intérpretes para ayudar a las personas sordas, ni tampoco se facilitó a los invidentes acceso a grabaciones o al método Braille. La mayor parte de las páginas Web del gobierno continuaron siendo inaccesibles para las personas con discapacidad y únicamente el canal de televisión del Congreso ofreció una interpretación de los temas tratados a través del lenguaje por señas.

El gobierno no logró hacer cumplir las leyes destinadas a salvaguardar y asistir a las personas con discapacidad mental que se encontraban en una situación de abandono social. El número de médicos que prestó sus servicios en instituciones psiquiátricas fue insuficiente para atender a todos los pacientes.

El Centro Anne Sullivan para Personas con Discapacidad informó sobre casos de personas a las que se les negó el derecho a votar en las elecciones nacionales que tuvieron lugar durante el año. Un caso especialmente desagradable involucró a una persona que recibió capacitación de parte de funcionarios del sistema electoral sobre los procedimientos que debía seguir para la votación pero que posteriormente fue declarado "discapacitado" y cuyo nombre fue involuntariamente retirado del registro electoral.

Un informe sobre derechos humanos emitido por la Defensoría del Pueblo en el mes de diciembre señaló que muchos niños con discapacidad no pudieron asistir a la escuela pública debido a un problema de falta de acceso físico. Casi la mitad de las escuelas públicas del país no contaba con rampas y un 88 por ciento de ellas no tenía baños que pudieran ser utilizados por personas con discapacidad. Un número relativamente pequeño de maestros (39 por ciento) había recibido alguna capacitación en el área de la educación inclusiva.

Minorías Nacionales/Racionales/Étnicas

La legislación garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y prohíbe la discriminación por motivos de raza, nacionalidad o idioma. Sin embargo, en realidad, las personas afro descendientes (afroperuanos) debieron soportar la discriminación y el prejuicio de la sociedad. A pesar de constituir un sector minoritario bastante amplio de la población, los afroperuanos generalmente no ocuparon cargos ejecutivos dentro del gobierno, la empresa

privada o las fuerzas armadas, con excepción de la primera mujer afroperuana miembro del Gabinete Ministerial que ha tenido el país. Muy pocos afroperuanos sirvieron como oficiales en la marina o la fuerza aérea.

En el mes de febrero, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre la comunidad afroperuana en el cual se afirmó que la discriminación estructural y la exclusión social constituían barreras importantes para su integración en la sociedad, señalando que a los afroperuanos les fue especialmente difícil el poder acceder a los servicios de salud y educación. Algunas ONGs afirmaron que con frecuencia los empleadores encontraron la manera de evitar contratar a un afroperuano o de relegarlo a ocupaciones mal remuneradas en el sector servicios. La legislación prohíbe que el tema de la raza aparezca en los anuncios de empleo, aunque los empleadores a menudo exigieron que los solicitantes enviaran sus fotografías.

Personas Autóctonas

El gobierno no proporcionó los recursos necesarios para proteger de manera efectiva los derechos civiles y políticos de las personas autóctonas y las comunidades indígenas continuaron estando política, económica y socialmente marginalizadas.

La Constitución y las leyes establecen que todos los ciudadanos tienen el derecho de utilizar su propio idioma frente a cualquier autoridad por medio de un intérprete y a hablar su idioma nativo. El castellano y el quechua son idiomas oficiales, pero el gobierno también reconoce otros 49 idiomas nativos. El Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización continuó dictando clases de lectura/escritura y matemáticas básicas a hombres y mujeres en situación de pobreza a lo largo de todo el país. Sin embargo, las barreras impuestas por el idioma y una infraestructura inadecuada en las comunidades indígenas impidieron la participación plena de las personas nativas en el proceso político. Las mujeres indígenas, particularmente aquellas que vivían en zonas rurales y pobres, estuvieron particularmente marginalizadas.

Muchas personas nativas carecieron de documentos de identidad. En muchos casos no había oficinas del gobierno en los lugares donde vivían; en otros casos los empleados públicos supuestamente exigieron el pago de un soborno a cambio de los documentos, un pago que las personas indígenas no podían o no deseaban pagar. Al no contar con sus documentos de identidad, no les fue posible ejercer sus derechos básicos, tales como votar o poder acceder a los servicios de salud y educación. La tasa de mortalidad infantil fue más alta en las zonas rurales donde vivía la mayoría de personas indígenas (13 muertes por 1.000 nacidos vivos, aunque tan alta como 21 muertes en algunas regiones), comparado con la tasa en zonas urbanas (10 muertes por 1.000 nacidos vivos), una diferencia que puede atribuirse principalmente a la situación económica y a una educación muy deficiente de las personas indígenas. Los centros de salud pública estaban ubicados principalmente en zonas urbanas, pero durante el año el gobierno continuó abriendo nuevos centros en zonas rurales e incorporando a equipos itinerantes.

Aunque la Constitución reconoce que las personas autóctonas poseen un derecho a la propiedad comunal de la tierra, las comunidades nativas con frecuencia no contaron con el título de propiedad necesario para demarcar los límites de sus tierras, lo cual hizo difícil que pudieran protegerse de la usurpación de estas tierras por personas de fuera de la comunidad. De conformidad con la ley las comunidades continúan gozando del derecho de "intransferibilidad" que debería evitar que el título de propiedad sobre las tierras de los

indígenas sea reasignado a un arrendatario no indígena. Sin embargo, algunos miembros de las comunidades indígenas vendieron sus tierras a personas de fuera sin contar con la aprobación de una mayoría de su comunidad. Adicionalmente, al no existir una institución representativa efectiva, tuvieron lugar continuos conflictos sociales entre las personas indígenas y no indígenas, particularmente en lo relativo a temas medioambientales y las industrias extractivas. Adicionalmente, el Estado ostenta el derecho sobre los minerales u otros materiales del subsuelo, una situación que con frecuencia generó conflictos entre los intereses mineros y las comunidades nativas.

El gobierno condujo una serie de consultas con las comunidades indígenas a fin de formular una nueva ley forestal, la misma que fue aprobada por el Congreso el 15 de junio. La ley establece mayores niveles de protección para las poblaciones que viven en la selva amazónica y ordena que se de un uso sustentable a los recursos naturales. Adicionalmente, el 23 de agosto, el nuevo gobierno aprobó la Ley de la Consulta Previa, que exige que el gobierno conduzca consultas con las comunidades indígenas antes de otorgar permisos de exploración o concesiones a las industrias extractivas. Aunque se esperaba que esta ley sirviera para reducir el número de conflictos sociales, persistían varios problemas que deberán solucionarse antes de que la ley pueda ser implementada plenamente.

Muchas personas autóctonas y aquellos con rasgos físicos indígenas debieron soportar actos de discriminación y prejuicio contra su persona. Con frecuencia fueron víctima de comentarios despectivos sobre sus personas y estuvieron sujetos a una discriminación ilegal en lugares públicos, incluyendo teatros, restaurantes y clubs.

Abusos, Discriminación y Actos de Violencia por parte de la Sociedad en Relacionados con la Orientación Sexual y la Identidad de Género

No existen leyes que prohíban de manera específica la discriminación contra personas en base a su orientación sexual y tal discriminación tuvo lugar. El Manual sobre Derechos Humanos Aplicado a la Policía Nacional del Perú del Ministerio del Interior dispone que la Policía debe respetar los derechos humanos, especialmente aquellos de los grupos más vulnerables y se refiere de manera explícita a los derechos de las lesbianas, los homosexuales y los travestis. Sin embargo, durante el año hubo algunos casos de discriminación oficial o de parte de la sociedad en su conjunto -basada en la orientación sexual- en los campos del empleo, la vivienda y el acceso a la educación o a los servicios de salud. Las autoridades gubernamentales, incluyendo a la policía, en ocasiones hostigaron y maltrataron a algunas personas por el hecho de ser lesbianas, homosexuales, bisexuales o travestis.

Otros Abusos y Actos de Discriminación Cometidos por la Sociedad

Las personas afectadas con el VIH/SIDA sufrieron una discriminación y hostigamientos generalizados. El Ministerio de Salud implementó estrategias para combatir la discriminación contra los individuos afectados por el VIH/SIDA, incluyendo un plan de cuatro años de duración diseñado para prevenir y controlar el VIH/SIDA. Algunas de estas políticas tuvieron éxito, tales como la atención médica brindada a los pacientes con VIH/SIDA, pero los observadores señalaron que se necesitaba fortalecer los programas de educación y prevención.

Sección 7 Derechos de los Trabajadores

a. La Libertad de Asociación y el Derecho a la Negociación Colectiva

Con ciertas limitaciones, la legislación y las normas laborales estipulan la libertad de asociación, protegen el derecho a la huelga y el derecho a la negociación colectiva y prohíben la discriminación antisindical y otras formas de intimidación de parte del empleador. Las normas permiten que los trabajadores formen sindicatos de acuerdo con su ocupación, con la afiliación de sus empleadores o con el territorio geográfico donde se encuentran sus centros de trabajo, sin necesidad de tener que contar con una autorización previa. Sin embargo, el mínimo de miembros requerido por ley para que pueda crearse un sindicato -20 empleados para un sindicato en un centro de trabajo y un mínimo de 50 para una central sindical- es excesivamente alto en algunos casos, particularmente para empresas pequeñas o medianas. La legislación también señala que los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a organizarse y a negociar de forma colectiva e ir a la huelga, pero especifica que este último derecho debe ser ejercido "en armonía con objetivos sociales más amplios".

A los jueces, fiscales, y miembros de la policía y las fuerzas armadas no se les permite formar un sindicato o a afiliarse a él. La promulgación del Decreto Supremo 065-2011 en el mes de julio, introdujo avances en el derecho a crear sindicatos y declararse en huelga para más de 125.000 empleados de otras ramas del sector público contratados bajo contratos administrativos de servicios. Este decreto ofrece mayores garantías para el derecho a sindicalizarse pero no tiene en cuenta el hecho de que los trabajadores podrían inhibirse de ejercer sus derechos por temor a que sus contratos no sean renovados. El decreto no cambia de manera importante la naturaleza de un contrato administrativo de servicio, que tiene un plazo fijo y se renueva de acuerdo a lo que decida la entidad gubernamental.

La ley permite que los sindicatos se declaren en huelga de conformidad con sus propios estatutos. Los trabajadores sindicalizados de los sectores público y privado deben notificar a sus empleadores y al Ministerio de Trabajo su decisión de ir a la huelga por adelantado, al menos cinco días antes en el caso de los trabajadores del sector privado y 10 días antes en el de los trabajadores del sector público. La ley también permite que los trabajadores no sindicalizados puedan declararse en huelga si cuentan con un voto mayoritario, siempre y cuando el acta de la votación presentada por escrito se encuentre validada por un notario y presentada al menos cinco días antes de la realización de la huelga.

A los sindicatos que, a juicio del gobierno, representan a trabajadores que brindan servicios públicos esenciales se les permite ir a la huelga pero antes deben presentar una notificación con diez días útiles de antelación, recibir la autorización del Ministerio de Trabajo, contar con la aprobación de una mayoría (el 50 por ciento) de sus afiliados y permitir que un número suficiente de éstos continúe laborando durante el curso de la huelga a fin de asegurar el funcionamiento de su centro de trabajo, de conformidad con el número acordado anualmente de manera conjunta entre los representantes del sindicato y las autoridades del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores que se declaran en huelga conforme a ley no pueden ser despedidos por haberse declarado en huelga, pero los huelguistas ilegales en el sector privado pueden ser despedidos al cuarto día de no concurrir a sus centros de trabajo y los huelguistas del sector público pueden ser despedidos luego de un proceso administrativo.

A menos que haya un contrato de trabajo preexistente que cubra una ocupación o industria en su totalidad, los sindicatos deben negociar con las compañías de manera individual. La ley establece procedimientos que deben seguirse para las negociaciones directas y la conciliación. Si esos procedimientos fracasan los trabajadores pueden declararse en huelga o solicitar un arbitraje. El 17 de setiembre, el Ministerio emitió el Decreto Supremo No. 014-2011-TR, que específica de manera más clara el procedimiento que autoriza el uso del arbitraje para poner fin

a disputas laborales colectivas. El decreto otorga a una de las partes la capacidad de exigir a la otra que se someta a un arbitraje vinculante para el empleador (ya sea que lo haya iniciado el trabajador o el empleador) siempre que las partes no hayan podido alcanzar un acuerdo en su primera negociación colectiva, o una de ellas haya actuado de mala fe durante la misma, al haberla retrasado, obstaculizado o evitado que se llegara a un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre si se ha cumplido con el prerrequisito para un arbitraje vinculante, la ley también permite que una de las partes someta la cuestión a árbitros independientes, no gubernamentales, para que emitan una decisión inicial. Una disposición de la Ley 29497 exige que los conflictos laborales sean resueltos en menos de seis meses.

La ley prohíbe que los empleadores se nieguen a emplear a un individuo por ser miembro de un sindicato y también prohíbe otras modalidades de discriminación antisindical. Los trabajadores despedidos por haber realizado actividades sindicales tienen derecho a que se les reponga en sus puestos de trabajo. Sin embargo, la legislación permite que las compañías despidan a los empleados sin que exista una justificación para este despido siempre y cuando les ofrezcan una indemnización fijada por ley. La legislación prohíbe que las empresas empleen a trabajadores temporales para realizar las funciones esenciales de la empresa, exige que las empresas monitoreen a sus contratistas para asegurarse que estos cumplen con los derechos laborales y hace responsables a las empresas de las acciones de sus contratistas.

El gobierno no hizo cumplir la legislación de manera efectiva en todos los casos y los empleadores incurrieron en prácticas antisindicales. La práctica de subcontratar a los empleados permitió que los empleadores evitaran entrar en relaciones de empleo directo, así como que se les impusieran los requisitos legales asociados con esta modalidad de empleo. Asimismo, esto resultó en una reducción del número de trabajadores de una compañía lo cual dificultó aún más la creación de un sindicato. La Ley 29245 y sus reglamentos ajustan y hacen más rigurosos los requisitos legales impuestos a los subcontratistas y, de no cumplirse con ellos, esta ley impone sobre la compañía principal una relación de empleo directo con los trabajadores subcontratados. Sin embargo, evidencia anecdótica sugiere que el efecto práctico de la ley se vio limitado por su reglamento normativo y la dificultad de llevar a cabo inspecciones laborales para detectar prácticas de tercerización en las regiones fuera de Lima.

Los empleadores continuaron despidiendo a sus trabajadores por ejercer su derecho de ir a la huelga. El despido de los huelguistas y los retrasos en reincorporar a estos trabajadores en sus puestos de trabajo, tanto en casos de huelgas legales como ilegales, fueron los métodos más efectivos utilizados por los empleadores para lograr disuadir a los trabajadores de declararse en huelga. Los trabajadores debieron soportar largos procesos judiciales, así como un incumplimiento de la ley en casos de despidos relacionados con la decisión de ir a la huelga. Una ONG local señaló que problemas administrativos en el Ministerio de Trabajo en la práctica anulaban los efectos de un decreto que estipula que debe proporcionarse una mayor protección a las personas contratadas bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios que tengan pensado sindicalizarse.

Los conflictos laborales no siempre se resolvieron dentro de un período de seis meses tal como lo exige la ley. Las largas demoras en los procesos de negociación colectiva atribuidas a la falta de interés por parte de los empleadores en concluir estos procesos, terminaron por convertirse en un obstáculo común para impedir que se cumpliera con el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente. El sindicato de la Superintendencia Nacional de Tributos (SUNAT) afirmó que el gobierno no defendió los derechos del sindicato a la negociación colectiva y se negó a admitir la solicitud presentada por los trabajadores para someterse a un proceso de

arbitraje luego de que el empleador estatal y los trabajadores no lograron alcanzar un acuerdo sobre salarios y otros temas durante anteriores negociaciones. El gobierno señaló que la ley que rige el presupuesto del sector público le prohíbe negociar sobre asuntos económicos. Para finales de año continuaban celebrándose conversaciones sobre los procesos de negociación colectiva y arbitraje.

Los sindicatos generalmente fueron independientes respecto del gobierno y de los partidos políticos. De acuerdo con dirigentes del sector laboral, en algunos casos la autorización para poder declarar una huelga tanto en el sector público como en el privado fue difícil de obtener. Durante el año el gobierno determinó que 19 de las 84 huelgas que tuvieron lugar eran legales. El Ministerio de Trabajo justificó su decisión de declarar la ilegalidad de las huelgas, indicando que los sindicatos no habían cumplido con los requisitos que exige la ley. La Confederación Internacional de Sindicatos de Comercio hizo notar que en efecto la ley legaliza despidos injustos al permitir que los empleadores despidan a los trabajadores, a cambio del pago de una indemnización, sin que haya existido causa alguna para tal despido.

Muchas empresas emplearon a trabajadores temporales o a trabajadores que laboraron bajo contratos no personales a quienes en la práctica les estaba impedido formar parte del sindicato de esa empresa debido al temor de que sus contratos podrían no ser renovados. Los empleadores también lograron evitar cumplir con las restricciones relativas al empleo de trabajadores temporales en la realización de las tareas centrales de la firma de varias maneras. Por ejemplo, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) atribuyó la no renovación del contrato de siete choferes empleados por el subcontratista MAMUT Peru a la afiliación sindical de estos choferes. Hubo dos fallos favorables emitidos por el juzgado, pero para finales de año los trabajadores continuaban esperando ser repuestos en sus lugares de trabajo. La práctica de la subcontratación fue utilizada para limitar el derecho del trabajador a organizarse y prevenir el desarrollo de relaciones de empleo formales. El uso generalizado de la subcontratación también hizo más difícil la posibilidad de alcanzar el umbral de 20 empleados necesario para formar un sindicato.

Durante el año la Federación de Trabajadores Textiles del Perú (FTTP) reportó violaciones al Régimen de la Exportación No Tradicional (Decreto Ley No. 22342-1978) de manufactura de prendas de vestir. Un ejemplo de lo anterior tuvo lugar cuando el 27 de julio, un juez del Juzgado Constitucional No. 4 de Lima dictaminó que Texpop S.A. no había renovado los contratos de 129 trabajadores sindicalizados, incluyendo a dos de sus dirigentes sindicales, en un acto de discriminación antisindical. El juez descubrió que muchos de estos empleados habían estado trabajando para Texpop hasta por una década bajo contratos de corto plazo. Vale la pena señalar que el juez también afirmó que el Decreto y su programa sobre contrataciones a plazos "excepcionalmente" cortos ya no era necesario para apoyar el crecimiento del sector textil y de prendas de vestir del país. Para finales de año, Texpop no había cumplido con la decisión del juzgado de reponer a los trabajadores en sus puestos de trabajo.

Las normas laborales resultaron en la limitación de los derechos de asociación de los trabajadores que laboran en los sectores de la exportación no tradicional (pesca, madera y papel, minerales no metálicos, joyería, textiles y agroindustria). Por ejemplo, el Decreto Legislativo No. 728-1997 menciona nueve diferentes categorías de contratos de empleo bajo las cuales se puede contratar a los trabajadores. Otro decreto permite que los empleadores contraten a los trabajadores utilizando una serie de contratos de corto plazo sin establecer el

requisito de que a los trabajadores se les emplee de manera permanente. Por este motivo, según se dice, los trabajadores temían perder su empleo si se sindicalizaban.

b. Prohibición del Trabajo Forzado u Obligatorio

La legislación prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, pero existió evidencia de que el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva. Se estimaba que miles de personas se encontraban sujetas a condiciones de trabajo forzado, especialmente en actividades mineras, la industria maderera, la agricultura, la manufactura de ladrillos y el servicio doméstico. Aunque no existía mayor información sobre las víctimas, se pensaba que hombres y jóvenes estaban siendo forzados a trabajar en la industria minera (incluyendo la extracción de oro), la industria maderera y la manufactura de ladrillos, mientras que con mayor frecuencia las mujeres trabajaban en el servicio doméstico. Con frecuencia, tanto hombres como mujeres, se encontraban realizando trabajos forzados en la rama de agricultura, incluyendo la producción de nueces del Brasil.

Una intervención multisectorial tuvo lugar en el mes de mayo en el distrito limeño de Carabayllo, allí se encontró a niños trabajando en la minería informal. En ese momento no se hizo ningún arresto; en vez de ello, se concientizó a las familias sobre los peligros e implicaciones legales del trabajo infantil. En el mes de diciembre se llevó a cabo un nuevo allanamiento como seguimiento del primero y se encontró a 13 niños trabajando, esta vez los inspectores multaron a los empleadores.

De acuerdo con informes emitidos por los medios de comunicación, una división especializada de la policía nacional condujo más de 80 operativos en los que la policía encontró a no menos de 850 niños que estaban siendo sometidos a trabajos forzados, tales como mendigar o vender dulces en las calles y detuvo a 30 personas por explotar a menores. La ONG local CHS Alternativo afirmó que en la primera mitad del año fueron reportados 98 casos de trabajo infantil en el que se explotaba a los niños.

Sírvase consultar el Inforrne sobre Trata de Personas que publica el Departamento de Estado en la Página Web: www.state.gov/j/tip.

c. Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima para el Empleo

La edad mínima legal para poder obtener un empleo es 14 años. Sin embargo, los jóvenes de entre 12 y 14 años de edad pueden realizar ciertos trabajos por un máximo de 4 horas diarias y los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad pueden trabajar hasta seis horas diarias siempre y cuando obtengan un permiso especial del Ministerio de Trabajo y presenten un certificado que garantice que están asistiendo a la escuela. En ciertos sectores de la economía se estipularon edades mínimas más altas: 15 años para labores industriales, comerciales o mineras y 16 años para la pesca.

El Ministerio de Trabajo puede emitir permisos autorizando a menores de 18 a trabajar legalmente. Durante el año el Ministerio emitió 1.111 de esos permisos a jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. Los padres de estos menores deben solicitar los permisos y los empleadores deben contar con un permiso en sus archivos antes de poder contratar a un menor.

La ley específicamente prohíbe varias ocupaciones consideradas como peligrosas para los menores de edad, incluyendo el trabajo subterráneo, levantar o cargar objetos pesados,

hacerse responsables por la seguridad de otros o trabajar en horas de la noche. La legislación prohíbe cualquier trabajo que comprometa la salud de los niños y adolescentes, que ponga en riesgo su desarrollo físico, mental y emocional o que impida su asistencia regular a la escuela.

El Ministerio de Trabajo es la entidad responsable de hacer cumplir las leyes sobre trabajo infantil. El Ministerio afirmó que sus inspectores condujeron visitas inopinadas rutinarias a centros de trabajo donde alguna persona u organismo había reportado problemas en el área del trabajo infantil. El gobierno informó que había multado y suspendido las operaciones de aquellas compañías a las que se encontró violando las leyes laborales. Entre enero y octubre, las autoridades multaron a 48 empresas por un monto de 132.372 nuevos soles ($50.000) por haber contratado ilegalmente a 64 menores de edad o por no haber obtenido la debida autorización antes de contratarlos.

Las Defensorías para Niños y Adolescentes (DEMUNAS) colaboraron con el Ministerio de Trabajo para documentar las denuncias sobre la violación a las leyes que norman el trabajo infantil. Existieron más de 2.175 oficinas de DEMUNAS que operaron en municipalidades a lo largo y ancho del país. Las DEMUNAS también administraron un sistema descentralizado para informar y rastrear los casos de trabajo infantil. El MIMDES tuvo a su cargo un programa a través del cual se envió a maestros especializados a las calles a fin de educar y apoyar a menores que mendigaban o realizaban otros tipos de trabajo en las calles. El MIMDES también continuó implementando el programa Educadores de la Calle, un programa social que ayuda a niños de la calle de entre 6 y 17 años con talleres y servicios de salud, educativos y legales. El Ministerio continuó implementado varios programas diseñados para estimular la creación de empleo y mejorar el acceso de los jóvenes a un trabajo permitido por las leyes, incluyendo los programas ProCerti y ProJoven que tuvieron como meta educar a los jóvenes en sus derechos laborales, así como ofrecerles una capacitación que les permitiera desarrollar varias habilidades para ayudarlos a encontrar empleo. El nuevo gobierno transformó estos programas convirtiéndolos en el programa Vamos Perú, centrado en la capacitación laboral, la ayuda técnica para emprendedores y la colocación en puestos de trabajo; así como el programa Perú Responsable, diseñado para mejorar la responsabilidad social corporativa con el fin de crear empleo formal para los jóvenes.

El trabajo infantil continuó siendo un grave problema, especialmente en el sector informal. En el 2010 la Organización Internacional del Trabajo estimó que había 2,8 millones de niños trabajadores en el país, con 67.9 por ciento de ellos (1,9 millones) realizando las peores formas de trabajo infantil. El trabajo infantil constituyó un grave problema en las actividades del sector informal de minería de oro, fabricación de ladrillos y fuegos artificiales, la extracción de piedras, la producción maderera y la agricultura, incluyendo la producción de la coca y la nuez del Brasil. De acuerdo con reportajes aparecidos en los medios de comunicación, los niños trabajaron en condiciones peligrosas, incluyendo a un aproximado de 141.000 niños trabajando en las calles, 101.000 trabajando durante la noche y 87.000 en actividades relacionadas con la basura. En muchos casos el niño se encontraba trabajando al lado de sus padres en un negocio familiar, usualmente en las áreas y los sectores mencionados en los párrafos anteriores. En el mes de febrero hubo informes en los medios de comunicación sobre niños que venían siendo explotados por residentes locales y sus propios padres cerca de la frontera norte y forzados a laborar en diversos tipos de trabajo, incluyendo la venta callejera, la mendicidad y la atención en bares, así como la producción de drogas y la prostitución en el Ecuador.

Sírvase ver el Informe sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil que publica el Departamento de Estado en la Página Web: www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm.

e. Condiciones de Trabajo Aceptables

En el mes de agosto el salario mínimo mensual fijado por ley fue aumentado de 600 nuevos soles ($220) a 675 nuevos soles ($250). El gobierno estimó que la línea de pobreza se podía fijar en aproximadamente 257 nuevos soles ($95) mensuales por persona, aunque esta cifra varió dependiendo de la región. La legislación dispone que la semana laboral sea de 48 horas, que haya un día de descanso a la semana, que las compañías paguen sobretiempo por una jornada laboral superior a las ocho horas diarias y que los trabajadores reciban una compensación adicional cuando realizan un trabajo nocturno. No existe ninguna prohibición sobre el sobretiempo obligatorio excesivo. El incumplimiento con la ley es una infracción que se penaliza.

La Ley sobre Trabajadores Domésticos promulgada en el año 2003 dispone ciertos derechos y beneficios a los que tienen derecho los trabajadores domésticos adultos, como por ejemplo, una jornada laboral de ocho horas, descanso en los feriados públicos, 15 días de vacaciones pagadas al año y gratificaciones salariales en los meses de julio y diciembre. Un decreto emitido en el año 2009 prohíbe la discriminación contra los trabajadores domésticos, así como el que los empleadores exijan que sus empleados domésticos tengan que utilizar uniformes en lugares públicos. Durante el año se reportaron varios casos de incumplimiento con ambas disposiciones.

El 25 de agosto, el presidente y el ministro de trabajo suscribieron la Ley de Salud y Seguridad en el Centro de Trabajo (Ley No. 29783), que crea por vez primera un Sistema Nacional de Salud y Seguridad en el Centro de Trabajo y hace al Ministerio responsable de vigilar su cumplimiento en vez de encargárselo a los diferentes sectores. También fueron creados consejos regionales y un Consejo Nacional de Salud y Seguridad, aunque para finales de año todavía no se encontraban funcionando. La última entidad mencionada incorpora entre sus miembros a empleadores y trabajadores, incluyendo a los sindicatos, que tradicionalmente no tuvieron ninguna voz en estos asuntos. Esta Ley también dispone la imposición del pago de multas más fuertes y sanciones penales más duras por violaciones a la misma. En caso de infracciones, lesiones o la muerte de los trabajadores o subcontratistas, las penas oscilan entre los cinco y los diez años de cárcel.

El Ministerio de Trabajo hizo cumplir el pago del sueldo mínimo únicamente en el sector formal. Muchos trabajadores que laboraban en el sector informal, aproximadamente el 60 por ciento del total de la fuerza laboral, la mayoría de los cuales se encontraban auto-empleados, recibieron un monto menor. Los trabajadores, el empresariado y el gobierno informaron que - por lo general- la mayoría de compañías del sector formal de la economía cumplió con las leyes. El gobierno con frecuencia no asignó a un número suficiente de personal, así como recursos técnicos y económicos para hacer cumplir las normas sobre salud y seguridad ocupacional, así como otras normas laborales. Hubo 420 inspectores laborales cuyas inspecciones se centraron en el sector formal. Fuentes del sector laboral afirmaron que muchos inspectores se vieron forzados a pagar su propio transporte en sus visitas de inspección a los diferentes centros de trabajo y con frecuencia fueron hostigados o se les negó el acceso a estas compañías. El sindicato de inspectores laborales SI-Perú exigió un aumento de sus salarios, entre otras demandas, y solicitó que el Ministerio se sometiera a un arbitraje. De acuerdo a una ONG local, muchas multas no llegaron a ser cobradas, en parte debido a que el Ministerio no contó con un sistema de seguimiento efectivo y en ocasiones debido a una falta de voluntad política de parte del gobierno. De acuerdo con el Ministerio, hasta el mes de noviembre, sus inspectores habían realizado 28.252 visitas generadas por denuncias externas

y 20.141 visitas a centros de trabajo seleccionados por el propio Ministerio. En los primeros 11 meses del año, el Ministerio recaudó aproximadamente 23,2 millones de nuevos soles ($8,6 millones) por multas impuestas a 3.385 compañías como castigo por no haber incluido a sus trabajadores en planilla y haber violado normas sanitarias o de seguridad. Las sanciones fueron insuficientes para poner freno a la violación de las normas.

Con frecuencia los empleadores exigieron que sus empleados domésticos trabajaran por muchas horas al día y les pagaron sueldos bajos. Continuaron existiendo informes sobre abusos cometidos contra subcontratistas tanto en el área de los salarios y horas trabajadas, como en el de los derechos de asociación. Una ONG local informó que un área particularmente problemática la constituían las estaciones de servicio, donde los trabajadores con frecuencia trabajaban por más de ocho horas y en algunos casos no se les pagaba el sobretiempo por las horas extras trabajadas.

Durante el año el Ministerio de Trabajo y varios sindicatos continuaron conduciendo una campaña cuya meta era la de informar a los trabajadores domésticos sobre sus derechos. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros informó que en los primeros ocho meses del año habían muerto 38 mineros que laboraban en el sector formal de la minería como consecuencia de diversos accidentes, principalmente como resultado del deslizamiento de piedras, caídas y casos de asfixia. En aquellos casos en los que ocurrió algún accidente industrial, generalmente se determinó el monto de la compensación a ser pagado a través de un acuerdo alcanzado entre el empleador y el trabajador. Un trabajador no necesita probar la culpabilidad de su empleador para poder obtener una compensación por algún daño sufrido mientras realiza su trabajo. De acuerdo con el Ministerio se reportó un total de 4.877 accidentes, de los cuales 1.696 no eran graves; 3.036 produjeron una discapacidad permanente en la persona lesionada y 145 ocasionaron la muerte del trabajador. La legislación no otorga a los trabajadores el derecho a dejar de trabajar en una actividad potencialmente peligrosa para él/ella sin poner en riesgo su estabilidad laboral.